En Celaya, Guanajuato, se ha dado a conocer un caso que ha generado profunda indignación y repudio social. Policías municipales obligaron a dos hombres a besarse en la boca y, posteriormente, a golpearse entre ellos, todo bajo el argumento de que era “por pu*os”. Este acto de humillación y violencia no solo representa un abuso de autoridad, sino que además constituye un atentado contra los derechos humanos de las víctimas.
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron durante un procedimiento en el que los oficiales involucrados, en lugar de cumplir con sus funciones de proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos, emplearon su poder de forma arbitraria para someter y denigrar a estas personas. Las víctimas fueron forzadas a realizar actos que violentan su integridad física, emocional y sexual, bajo un claro contexto de homofobia.
Este caso podría configurar una serie de delitos graves, entre los que destacan el abuso de autoridad, atentados contra la libertad e identidad sexual, lesiones y delitos contra el pudor. Además, se trata de una flagrante violación a los derechos humanos, ya que los oficiales utilizaron su posición para degradar a los hombres en un acto que raya en la tortura psicológica y física.
La comunidad local y diversas organizaciones han exigido una investigación a fondo para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato (CEDHG) ya ha sido exhortada a intervenir y garantizar que este caso no quede impune.
En un contexto en el que se busca erradicar las prácticas discriminatorias y fortalecer el respeto hacia la diversidad sexual, este tipo de conductas por parte de quienes deberían proteger a la ciudadanía resulta alarmante.
Se espera que las autoridades municipales y estatales actúen de manera firme y transparente para evitar que incidentes de esta naturaleza sigan ocurriendo.
La sociedad civil y colectivos de derechos humanos han hecho un llamado a denunciar este tipo de abusos y a exigir una capacitación urgente para las corporaciones policiales en temas de derechos humanos, inclusión y respeto a la diversidad. Este caso no solo es un recordatorio de los rezagos que aún existen en materia de igualdad, sino también de la urgente necesidad de reformar las instituciones encargadas de impartir justicia.
